El error del debate electoral: seguir preguntando si las personas LGBTIQ tienen derechos

En plena coyuntura electoral presidencial en Colombia, los derechos de las personas LGBTIQ vuelven al centro del debate público. Pero no como lo que son -derechos fundamentales ya reconocidos por la Corte Constitucional- sino como si aún fueran materia de opinión. (Ver: Nueva guía para periodistas: elecciones y cubrimiento de temas LGBTIQ)

En entrevistas y debates, candidatas y candidatos siguen siendo interrogados sobre la “validez” o “legitimidad” de estos derechos, desconociendo décadas de jurisprudencia que han consolidado avances en igualdad, libre desarrollo de la personalidad e identidad de género. (Ver: Manuel José Cepeda: la Constitución de 1991 no se hizo para quedarse escrita sino para transformar la realidad colombiana).

En este contexto, Sentiido conversó con Manuel Páez Ramírez, abogado Ph.D. y profesor titular del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia. Su llamado es claro: el problema ya no es si estos derechos existen, sino cómo hacerlos realidad. (Ver: La Constitución de 1991, un paso fundamental en los derechos LGBT y de las mujeres).

Sentiido: ¿Cómo está Colombia en derechos LGBTIQ?

Manuel Páez: Colombia está a la vanguardia en la región en el reconocimiento de derechos de personas y familias LGBTIQ. El problema no es ese, sino su implementación. (Ver: “Dejemos que nuestros hijos vivan su vida y no nuestros sueños”).

En la práctica, siguen existiendo obstáculos. Por ejemplo, la Corte Constitucional ha protegido el derecho a la salud de las personas trans, pero en la cotidianidad persisten barreras para hacerlo efectivo. (Ver: Colombia: 30 años de la Constitución que abrió el camino de la igualdad).

Lo mismo ocurre con la visita íntima de personas privadas de la libertad, reconocida desde los años noventa. Casos recientes en centros penitenciarios muestran que aún se desconoce la identidad de género de las mujeres trans o se les niegan derechos básicos. Eso evidencia que seguimos lejos de que las sentencias se cumplan plenamente.

S: ¿Uno de los retos más importantes es la aprobación de una ley integral trans?

M.P.: Sí. Para buena parte de las organizaciones y activismos trans, esta ley es una reivindicación de los derechos que poco a poco, a través de sentencias de la Corte Constitucional, se han logrado, para crear un estatuto integral, de manera que al momento de su aplicación, todos los funcionarios y particulares conozcan la lista completa de derechos. El tema es que a ese proyecto le queda esta legislatura o sino se archivaría. 

Desde que comenzó el proceso de la ley integral trans, se habló de que puede ser riesgoso plantearle al Congreso de la República que reconozca unos derechos a través de una ley, cuando muchos de ellos ya están en sentencias de la Corte, porque le envía un mensaje erróneo a los congresistas: que ellos tienen capacidad de decidir si van o no a aprobar esos derechos, cuando muchos ya están estipulados en sentencias.  

S: ¿Qué tan seguras son las sentencias de la Corte Constitucional sobre la igualdad LGBTIQ? ¿Tener leyes dejaría más asegurados estos derechos?

M.P.: Las sentencias suelen enfrentar un obstáculo: al momento de implementarlas, muchos funcionarios consideran que aplican sólo al caso concreto. No tienen la formación ni la voluntad política para entender que una sentencia, aunque se origine en un caso específico, crea precedente y es obligatoria para todos los casos futuros en los que se den las mismas circunstancias.

Eso, que parece tan sencillo, muchas veces no se cumple en la práctica. Y la supuesta solución sería crear un estatuto legal integral que decante y asegure esos derechos. Pero ahí también hay un riesgo: que, al llevar estas iniciativas al Congreso, los congresistas sientan que pueden debatir si las personas trans tienen derecho a la salud, a ciertos medicamentos, tratamientos o acciones afirmativas. Es muy peligroso hacerles creer que, en 2026, todavía pueden deliberar y tomar decisiones sobre sentencias que deberían estar materializadas.

Lo que hace falta es la parte administrativa. Cuando existen estas sentencias, más que una ley, se requiere una política que ponga recursos, metas, indicadores y competencias específicas a las autoridades para su implementación.

Me parece más pertinente que el ministerio de la Igualdad o los ministerios de Educación, Salud y demás, reglamenten y expidan normas administrativas que señalen que las personas LGBTIQ, por mandato constitucional, tienen unos derechos que deben volverse operativos.

S: ¿Qué obstáculos existen para que los derechos LGBTIQ que ya están en el papel se cumplan en la cotidianidad?

M.P.: Hay varios. Primero, la violencia debe verse como una estructura: como parte de la cultura y de la forma en que se organiza una sociedad, que se proyecta en sus instituciones y en sus normas, y que luego se materializa en agresiones, insultos y otras formas de violencia directa.

El énfasis casi siempre está en el evento donde maltratan a una persona LGBTIQ. Y, como el énfasis está ahí, la “respuesta” del Estado suele ser eventualmente una sanción, llevar a la cárcel a esa persona y alguna que otra reparación para la víctima, si la estiman procedente. Eso es pretender atacar un problema con raíces muy profundas mirando solo las hojas y no el árbol completo.

No hay que esperar el hecho de violencia contra una persona LGBTIQ, sino entender de dónde vienen esas prácticas. Muchas veces vienen de la religión, la educación y los discursos que circulan a diario en la sociedad. Y eso casi nunca es objeto de regulación. El Estado no interviene ahí, cuando los planes de estudio de colegios y universidades deberían incluir una formación sólida en empatía y respeto, porque a veces la gente ni siquiera sabe qué es ser una persona LGBTIQ. (Ver: La mezcla entre religión y política, ¿inevitable?).

Todas las universidades, y particularmente las facultades de Derecho, donde yo trabajo, deberían educar en diversidad sexual y de género y en derechos LGBTIQ. Es un tema de enorme complejidad conceptual que merece, al menos, una clase obligatoria, pero no existe.

Entonces, si desde la base no hay ese espacio educativo, no se puede esperar que abogados, jueces y funcionarios de la administración estén en condiciones de tomar decisiones justas sobre las personas LGBTIQ.

S: ¿Qué desafíos enfrenta Colombia en cuanto a violencia contra personas LGBTIQ?

M.P.: Además de educación, hay que regular el ejercicio de la libertad de expresión, porque la gente que propaga odio o desinformación contra esta población suele escudarse en su libertad de expresión y de opinión. (Ver: Catalina Botero: las críticas se responden con argumentos, no con censura).

También es necesario revisar los alcances de la libertad de religión, porque algunas personas creen que este derecho les permite discriminar, propagar mentiras y desinformación. Muchas veces intentan justificar estos comportamientos bajo premisas como: “es mi opinión” o “yo creo esto”. (Ver: ¿Cómo responder a los insultos en redes contra las personas LGBTI?).

Desde un punto de vista estructural, también hacen falta medidas de prevención que abarquen las instancias de educación, formales y no formales. Todavía seguimos viendo panfletos amenazantes de grupos armados que etiquetan a las personas LGBTIQ como “propagadoras del VIH”, y entonces las expulsan de sus casas y de sus regiones.

S: ¿Es posible regular la libertad de expresión para evitar los discursos de odio?

M.P.: En Colombia, la versión más difundida es que cualquier persona puede expresar las mentiras o los prejuicios que quiera y, si advierte que es su opinión, entonces nadie le puede decir nada.

Pero a nivel europeo y de Naciones Unidas hay estándares que establecen que un mensaje, así parezca una opinión, cuando se refiere a grupos históricamente excluidos, debe someterse a una evaluación más rigurosa y podría generar responsabilidades para quienes lo divulgan, por la violencia que pueden sufrir sus destinatarios. (Ver: 8 puntos clave de la opinión consultiva de la Corte Interamericana sobre derechos LGBTIQ).

Hay elementos para que, por ejemplo, en época electoral, se modere la idea de volver a poner en boca de candidatas y candidatos si están de acuerdo o no con que las personas LGBTIQ tengan derechos. (Ver: Nueva guía para periodistas: elecciones y cubrimiento de temas LGBTIQ).

Si uno hiciera esa misma pregunta, ya no sobre las personas LGBTIQ sino sobre las personas afro o las mujeres, no tendría justificación alguna que en un debate electoral se pusiera sobre la mesa una discusión sobre si será o no que tienen derechos. Eso no ocurre, pero con las personas LGBTIQ sí, y no debería pasar. (Ver: Feminismo en Colombia: una historia de triunfos y tensiones).

S: ¿Qué papel han jugado los litigios estratégicos y la jurisprudencia constitucional en cerrar las brechas de desigualdad con las personas LGBTIQ?

M.P.: Han sido el único canal para obtener una respuesta. En el caso colombiano y en otros países de la región, la democracia representativa no ha servido para proteger a las personas LGBTIQ.

La idea de votar y de que los gobernantes elegidos mediante ese voto popular traerían resultados en términos de derechos no se ha materializado. La democracia está diseñada para el gobierno de las mayorías y las personas LGBTIQ nunca han sido mayoría.

En países como Colombia, los derechos LGBTIQ han sido el resultado de litigios estratégicos ante cortes y escenarios judiciales donde se aplica el derecho constitucional, es decir, con jueces de tutela y acciones de constitucionalidad.

Ese litigio estratégico ha sido el único dispositivo al alcance para exigir el trato igualitario y la misma dignidad que el resto de la población. Colombia es un gran ejemplo regional en cuanto al uso del derecho constitucional para este reconocimiento.

S: ¿Qué riesgos tiene la jurisprudencia constitucional en caso de que llegue un gobierno de derecha?

M.P.: La Corte Constitucional no está exenta de política, así se parta de la base de que los tribunales son independientes e imparciales y solamente aplican lo que está en la Constitución.

En la práctica, esos órganos están permeados de política. Sus integrantes llegan desde lugares políticos, como el Congreso de la República, nominados por el Gobierno y otros actores. Entonces, la Corte también es vulnerable a esos cambios de gobierno y de agenda política, sobre todo en su conformación.

Si llega un nuevo gobierno con posturas antiderechos, va a incidir en la conformación de la Corte y pueden terminar echando para atrás la jurisprudencia. En cuanto a la igualdad de derechos de las personas LGBTIQ, nunca vamos a tener conquistas definitivas. (Ver: Los pasos de gigante de la avanzada conservadora).

Así como ya tuvimos una sentencia que permitió el matrimonio igualitario, no hay ninguna garantía de que, si cambia la mayoría de la Corte y llegan magistrados y magistradas con visiones antiderechos, no lo puedan echar para atrás. Eso ya se vio en Estados Unidos con el aborto. (Ver: Matrimonio Igualitario en Colombia, paso a paso).

En temas de derechos no basta con exigirlos: también hay que defenderlos. Porque si cambia la composición de la Corte y cambia su postura frente al tema, se acaban las garantías. Eso en parte ocurre porque son derechos que no tienen madurez social: todavía la gente en la calle cree que es posible discutir si las mujeres trans son o no mujeres.

Pero pasa que las personas LGBTIQ como el resto, tenemos derecho a la seguridad jurídica, a la tranquilidad de que nuestros derechos no estén al vaivén del momento, de la mayoría del Congreso, de si los magistrados de la Corte son liberales o conservadores o de una Asamblea Constituyente.

S: Y ¿cómo se podría echar para atrás en igualdad LGBTIQ?

M.P.: Optar por una Asamblea Nacional Constituyente es muy peligroso. Que de nuevo se abra el debate para determinar las reglas básicas de la sociedad es muy peligroso.

Si en una Asamblea Nacional Constituyente gana una mayoría que no está de acuerdo con la existencia de las personas LGBTIQ, pueden eliminarse los derechos conquistados y dejar de manera explícita, por ejemplo, que el matrimonio solo puede ser entre un hombre y una mujer.

También se podrían echar para atrás con cambios de jurisprudencia en la Corte. En Colombia, la mayoría de magistrados y magistradas que llegan, de alguna manera, son liberales y comparten la idea de la igualdad.

Pero si el próximo gobierno acaba con el equilibrio que ha habido en la Corte, inclinándolo hacia el lado antiderechos, podrían sacar una nueva línea jurisprudencial, un nuevo precedente. Esos tribunales no tienen restricciones internas.

S: Como este 2026 ya elegimos Congreso, ¿ese nuevo Congreso podría echar para atrás los avances en materia de igualdad LGBTIQ provenientes de la Corte Constitucional?

M.P.: Es difícil porque, desde el punto de vista jurídico, las decisiones del Congreso de la República son inferiores a la Constitución, salvo cuando actúa como constituyente secundario o derivado. Si el Congreso, a través de un proyecto de acto legislativo -que es el que cambia la Constitución- quisiera quitarnos, reducirnos o cambiarnos los derechos LGBTIQ, lo podría hacer.

Sin embargo, eso sería controlado por la Corte Constitucional, así que la probabilidad sería baja. Si el Congreso quisiera hacer esa misma tarea con leyes ordinarias o incluso estatutarias, ahí sí le queda muy difícil, porque está subordinado y es inferior a la Constitución. Y las decisiones de la Corte Constitucional, tanto en tutela como en constitucionalidad, se entienden como normas constitucionales.

Cuando sale la sentencia de matrimonio, que es una sentencia de tutela, tiene la virtud de aplicarse para todas las parejas hacia el futuro. Y esas capacidades no las tienen la mayoría de las autoridades judiciales: las tienen las cortes constitucionales.

No hay que dormirse y, más bien, hay que continuar en esta pedagogía para el público, porque hay que estar preparados para cualquier giro hacia un extremo que nos deje en el aire.

S: Los grupos que se oponen a la diversidad sexual y de género, produjeron un documental para deliberadamente desinformar sobre las infancias trans, ¿qué hacer en estos casos? 

M.P.: Ese tipo de documentales pueden conducir a justificar actos de violencia contra las personas LGBTIQ. Y ahí está el límite. Cuando el mensaje que se divulga puede servir como justificación para un acto violento, el Estado podría exigir responsabilidades.

Muchas veces esta gente habla de estudios -todos pseudocientíficos- como cuando alguno afirmó que había evidencia de que la mayoría de niños trans eran producto de las redes sociales o una moda de TikTok. Entonces, cuando con base en argumentos pseudocientíficos justifican discriminaciones, ahí no hay espacio para la “libertad de expresión”.

Lo mismo sucede con la libertad de información, porque, a diferencia de la libertad de opinión, esta sí conlleva una serie de cargas que evitan la desinformación. Pero a veces es más peligroso que el Estado controle, porque puede permitir la censura y terminar acabando con la libertad de expresión del todo.

Sin embargo, hay que tener un régimen distinto cuando se trata de poblaciones históricamente discriminadas: no es lo mismo proteger la libertad de información sobre cualquier sujeto que regular la libertad de información cuando se refiere a individuos que tienen esta historia acumulada de injusticias y discriminación.

S: Es decir, ¿periodistas e influenciadores tienen una responsabilidad delimitada?

M.P.: Tienen una responsabilidad enorme que debería poder exigirse. Formalmente están los mecanismos: la rectificación, la tutela e incluso la Corte Constitucional ha reconocido derechos colectivos en este sentido: nosotros, como población LGBTIQ, tenemos derecho a que no se desinforme sobre nuestras vidas.

Entonces, lo que hace falta son más precedentes, más litigios estratégicos para tratar de cerrar esa brecha de: “si yo digo que los gais son enfermos, eso es parte de mi libertad de opinión o de mi libertad de religión”. No es así.

S: Hay algún caso emblemático donde se haya podido fijar límites, de manera efectiva, a esa desinformación.

M.P.: Me acuerdo de un caso, hace muchos años, 2011 más o menos, donde un pastor evangélico, congresista, presentó una demanda ante la Corte Constitucional contra el entonces Estatuto Antidiscriminación.

Él decía que esa norma -que realmente fue una disposición agregada al Código Penal y que establece que quien incite al odio y a la discriminación tendrá cárcel- violaba su libertad de religión, porque según su creencia las personas LGBTIQ son abominables, un pecado. (Ver: Qué es el fundamentalismo religioso y qué implica realmente).

Y el Estatuto Antidiscriminación, o la prohibición de discriminar, según él, estaría violando su derecho a predicar sus creencias religiosas. La Corte no admitió la demanda y dijo que no iba a estudiar el caso, al menos como el congresista lo planteaba, porque se basaba en un derecho que no existe: que, en virtud de su libertad de religión, pudiera propagar ideas de odio contra las personas LGBTIQ. Eso no lo protege la Constitución. La Corte dijo: “ni la libertad de expresión ni la de religión en Colombia protegen eso”.

S: La JEP ha reconocido que hubo violencias específicas contra personas LGBT durante el conflicto armado colombiano. ¿Qué falta para garantizar la verdad, la justicia y la reparación en ese marco de la JEP?

M.P.: La mayoría de los actores armados, antes y ahora, no reconocen lo dañino de su comportamiento cuando se dirige contra personas LGBTIQ. Ellos dicen: “yo maté a esas mujeres lesbianas, yo expulsé a esas personas trans porque la comunidad me lo pidió”. No ven que eso sea, en sí mismo, un hecho reprochable, sino que, por el contrario, lo utilizan como ejemplo de que son quienes imponen el orden en la zona.

En Colombia se suele escuchar: “los actores armados discriminan a los gais”, pero lo que han hecho es capitalizar a su favor los prejuicios de las comunidades o de los territorios donde participan o tienen influencia, para ganar el apoyo o la favorabilidad de los habitantes.

Puede que, en últimas, esos actores armados no tengan nada en contra de las personas LGBTIQ, pero como sí les interesa tener un control efectivo del territorio y legitimidad en las comunidades, comienzan a tener agresiones homofóbicas. (Ver: María Emma Wills: lo que está en juego no son los derechos LGBT y de las mujeres, sino la democracia).

Entonces, ese contexto social de prejuicio y estereotipos contra la diversidad sexual y de género fue el caldo de cultivo para que cualquier actor armado, no importa si es de izquierda o de derecha, terminara agrediendo a las personas LGBTIQ.

No hay medidas de justicia, verdad y reparación suficientes en ese contexto. El Tribunal de Justicia y Paz, en la Sala de Bogotá, llevó el caso de alias Botalón, jefe de las Autodefensas del Bloque Central Bolívar en Puerto Boyacá.

Cuando se le preguntó por qué mató a tantas personas trans, a quienes torturaban y botaban al río Magdalena, su respuesta fue: porque los mismos vecinos del pueblo le decían: “allá hay una chica trans parándose en la esquina, vaya y sáquela”.

Entonces, al señor Botalón le dieron su sentencia de Justicia y Paz, pero en la comunidad de Puerto Boyacá y sus alrededores, que decía “sáqueme a las trans”, no hubo verdad, justicia ni reparación. El mismo fenómeno pasa con la JEP: pueden llevar a los comandantes y a quienes ejecutaron las órdenes a un juicio especial que ni siquiera tiene cárcel, pero cuando ya se consulta por qué asesinaban chicas trans, la respuesta es: “lo hacíamos porque era la manera de dar orden, porque la gente lo pedía porque esas señoras propagan enfermedades o son delincuentes”. Nada de eso se lleva a la justicia.

La idea de lograr justicia no debería circunscribirse a procesos penales del Código Penal, con cárcel, sino que debería haber muchas más formas de justicia, como la justicia restaurativa. Tiene que haber medidas adicionales que no se limiten a que alguien pague cárcel, sino que digan: en esta comunidad existían estos prejuicios, ¿qué vamos a hacer para que haya justicia hacia el futuro?

La justicia también puede ser histórica. Adicionalmente, pueden implementarse pedagogías en colegios, políticas públicas y acciones afirmativas. En fin, hay muchas acciones que van más allá de meter a la cárcel a un señor.

En Argentina, a través del Congreso, cuando se discutió que, por la discriminación, las mujeres trans históricamente habían sido condenadas a ejercer el trabajo sexual o labores de belleza y que su promedio de vida es muy corto, se les concedió una pensión a cargo del presupuesto público a las mayores de una determinada edad.

“Lo que hay que hacer es castigar al policía que le pegó”, dice la gente. Pero estamos hablando de justicia histórica, en el sentido de que la sociedad argentina, con dinero del Estado, le va a pagar una pensión de un salario mínimo a todas las chicas trans que tengan más de 35 años.

No hay necesidad de encontrar un responsable ni de limitar la reparación del daño a meter a alguien en la cárcel, porque eso al final no repara a nadie. Fue toda la sociedad. A las mujeres trans la sociedad, en general, les ha fallado porque no les permite trabajar formalmente, no pueden pensionarse o las matan, en promedio, muy jóvenes. Entonces, como sociedad, vamos a tomar una medida más ambiciosa: una pensión.

S: ¿Y hay riesgo de que ciertos grupos religiosos que han incursionado en la política puedan presionar cambios en la legislación? 

M.P.: Sí, en la medida en que estos grupos políticos con afiliación religiosa vayan adquiriendo cada vez más fuerza. Las iglesias, por ejemplo las evangélicas, cuando incursionan en la política suelen ser muy disciplinadas y ordenadas, lo que las lleva a ser determinantes en las elecciones.

Entonces, por ejemplo, en Bucaramanga, los más recientes alcaldes son evangélicos y les ponen trabas a la celebración del Día del Orgullo, porque son eventos que no se ajustan a su visión de mundo, y ahora en eventos públicos hay cuestiones religiosas. Esto es una gran alerta.

Como personas LGBTIQ no estamos igual de organizadas: no hay partidos propios o líderes que convoquen y lleven nuestra agenda. Porque lo que uno les escucha a los candidatos es: “sí, yo apoyo a los gais, pero no voy a salir a decirlo en público porque eso me resta votos”. Mientras que los antiderechos y todos estos movimientos peligrosos hacen todo lo opuesto. De frente le dicen al votante: “si yo llego, acabo con esa guachafita de los gais y pongo orden”.

Muchas veces pasa que hay políticos que personalmente no tienen ningún problema con la diversidad sexual y de género, pero, como saben que eso sintoniza con el electorado -es decir, con el odio- lo utilizan en su campaña y luego lo ponen en la práctica.

La excongresista Viviane Morales, por ejemplo, tiene una hija lesbiana a la que sin duda ama, pero la plataforma ideológica evangélica que la atraviesa, la llevan a buscar votos a través de iniciativas que están en contra de la diversidad sexual y de género. (Ver: 9 razones por las que el referendo de Viviane Morales sí discrimina).

S: En Colombia, ¿todavía existe independencia judicial?

M.P.: El derecho es una herramienta que refleja los valores de lo más predominante de la sociedad. Entonces, si los jueces -que son quienes operan las normas- tienen sesgos homofóbicos, de poco sirven las normas que van a aplicar. Un ejemplo: hay una sentencia en la que un señor pide que declaren la existencia de una unión marital de hecho con su compañero ya fallecido, un cura.

Entonces, cuando la pareja sobreviviente va ante el juez y él le dice: “muéstreme fotos, pruebas, acredite que usted era pareja de ese cura”, él le responde: “siempre llevamos nuestra relación en secreto, porque en Colombia los curas no solo son célibes, sino que sería un escándalo que además fueran gais”.

Entonces, dice: “yo sí tengo evidencias, pero no le puedo mostrar a usted fotos con mi novio, el cura, en una fiesta gay. O es muy probable que, si usted les pregunta a los familiares del cura, ellos no vayan a decir: ‘sí, claro, ellos eran novios’, porque su familiar era cura”. (Ver: Andrés Gioeni, el primer exsacerdote católico casado con otro hombre).

Y la sentencia dice que no se demostró la relación que tenían ese cura y ese señor. Desde el punto de vista jurídico, es una sentencia correcta porque aplica el derecho de manera independiente e imparcial porque normalmente las parejas no se ocultan, pero cuando se trata de parejas del mismo género que incluyen a una figura religiosa, la relación se vuelve secreta.

Para esas relaciones que se tuvieron que llevar en secreto, por los problemas que genera que sean públicas, el derecho no tiene cómo dar una respuesta favorable. Y al señor no le reconocieron la unión marital, con los problemas que eso trae, porque uno crea un patrimonio con su pareja y lidera un proyecto de vida. Y resulta que, como el juez dijo: “nadie dio testimonio de que ustedes fueran pareja”, entonces quien sobrevive a la relación pierde todo. (Ver: Germán Humberto Rincón Perfetti: me mueve la búsqueda de la justicia).

S: ¿Cuál es el llamado para evitar posibles retrocesos en derechos con las elecciones presidenciales de 2026?

M.P.: Hace falta más pedagogía sobre por qué la lucha LGBTIQ es justa y legítima. Todavía hay mucha gente que dice: “pero si ya les reconocen derechos, ¿por qué quieren más?”. Para que una democracia funcione, así como existen las curules indígenas, también debería haber una representación LGBTIQ.

Es decir, una silla garantizada para una persona LGBTIQ en el Congreso de la República. Y mucha gente no entiende por qué. Para que quede clara su importancia es fundamental mostrar más que la diversidad es cotidiana, que forma parte de la humanidad. (Ver: Mónica Fonseca: si nos sumamos a las causas LGBTIQ, el mundo será mejor).

S: ¿Cuáles son los retos pendientes en lo que queda de la campaña presidencial en Colombia?

M.P.: Un reto es que la igualdad de derechos LGBTIQ y los derechos sexuales y reproductivos estén incluidos en las agendas de quienes aspiran a la Presidencia. También, que las campañas no se conviertan en plataformas para difundir mentiras, prejuicios y estereotipos contra las personas LGBTIQ.

Hay que hacer un llamado a los órganos de control y a los propios partidos y movimientos políticos para que se autorrestrinjan y reconozcan que esa desinformación sí tiene efectos en las vidas de las personas LGBTIQ. (Ver: “No basta con ganar en la Corte: hay que ganar en la cultura”).

Otro reto es que en los presupuestos del nuevo gobierno se incluya el componente de diversidad sexual y de género, porque si no existe esa inversión, esas competencias y esos planes en materia de derechos de las personas LGBTIQ, la jurisprudencia y los avances jurídicos logrados en el país se van a quedar en el papel. Como país, estamos en deuda de convertir esas sentencias y esas conquistas jurídicas en realidades.

Las personas LGBTIQ no podemos quedar al vaivén de qué partido o qué candidato quiere ser “amigable” con nosotros, sino comenzar a construir movimientos y partidos políticos con apuestas a favor de la diversidad sexual y de género.

Hasta ahora siempre somos un adjetivo o un accesorio de ciertas candidaturas, pero no se ve una organización política del movimiento LGBTIQ con sus propias vocerías en los órganos de poder.

Hay factores que explican esa falta de organización. Primero, en Colombia reconocerse públicamente como una persona LGBTIQ no es fácil, y eso nos impide salir abiertamente a defender nuestras necesidades y derechos.

Segundo, hay desinterés de muchas personas LGBTIQ frente a los temas políticos. Pero la política se mete en nuestras vidas. De ahí la importancia de organizarnos y buscar espacio en estos órganos de toma de decisiones. (Ver: Mauricio Toro: la izquierda en Colombia está perdiendo la oportunidad de hacer un buen gobierno).

Ahora ha hecho carrera la idea de que la libertad de expresión y la libertad de religión son autorizaciones para decir cualquier cosa sobre la diversidad sexual y de género. Eso no es cierto.

A nivel internacional hay muchos precedentes y desarrollos en la Corte Interamericana y en la Organización de Naciones Unidas, que enseñan que, cuando estos mensajes se refieren a personas que han sido históricamente discriminadas y que son susceptibles de violencia, hay que poner límites al tipo de ideas que se divulgan sobre sus vidas.

No creo que debamos conservar esa idea de que el Estado no debería intervenir en ese tipo de debates, porque el Estado cumple el papel de garante de nuestros derechos y es el primero que tiene que entrar a regular y a establecer límites al ejercicio de estas libertades de expresión y de religión.

También, uno de los retos de este tramo electoral es que en los debates entre candidatos los periodistas no sigan preguntando por la validez o la legitimidad de los derechos LGBTIQ, porque eso envía un mensaje equívoco: que todavía los gobernantes podrían tener algún margen de decisión sobre si nos podemos casar o si las personas trans tienen derecho a servicios de salud.

En Colombia ya hay mucha jurisprudencia decantada sobre estos asuntos, y lo que debemos preguntarles a esos candidatos y candidatas es cómo van a hacer para materializarla, para que lo que allí está establecido se vuelva realidad.